¿Y yo a quién pido cuentas?

agosto 20, 2014 por
Categoría: Política 

Ha entrado recientemente en nuestras conversaciones habituales un término propio del ámbito jurídico: “estar imputado”. No hay día que no se levante uno y escuche o lea que fulanito o menganito ha sido imputado, y para la mayoría de la ciudadanía, inexperta en temas jurídicos, la traducción inmediata de este término es: “otro chorizo más que han cogido con las manos en la masa”.

Una persona debería ser imputada cuando hubiera indicios racionales de una conducta o hecho delictivo, lo cual daría lugar a la apertura de diligencias judiciales.

No cabe duda de que en el ámbito jurídico la figura del imputado es bien conocida y la presunción de inocencia se cumple con cierta sistematicidad pero ¿está ocurriendo lo mismo en el ámbito de la información periodística?

El que suscribe este texto, Subdirector General de Promoción de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde el año 2004 hasta agosto de el 2008 fue imputado junto con su sucesor en el cargo, Javier Alfaya Hurtado, en el denominado caso de compra del voto por correo de ciudadanos de Melilla por parte de la Coalición PSOE/CPM (Coalición Por Melilla) en las elecciones generales del año 2008 al Parlamento de España, caso provocado por las enemistades primarias de los citados partidos en esta ciudad, con la promesa, según el partido querellante, PP, de un puesto de trabajo en los denominados Planes de .Empleo ( de 2008 y 2009 ), que gestiona la Delegación del Gobierno y financiados con las subvenciones que el SEPE venía y viene convocando todos los años para la contratación de trabajadores desempleados en colaboración con los Órganos de la Administración General del Estado e Instituciones sin ánimo de lucro.

Un año y medio hemos vivido una situación a todas luces injusta: ser imputados en un caso de compra de votos y sometidos no solo al escrutinio judicial, para posteriormente ser sobreseidos libres, sino también, e incluso peor, al juicio paralelo de ciertos medios de información, y todo ello debido a la negligencia del Juez Instructor quien, en vez de estudiar y analizar la normativa reguladora de esta subvenciones de acuerdo al principio “jura novit curia”, el Juez debe conocer el derecho, se aplicó en asumir un informe o prueba pericial en derecho de análisis e interpretación de esta normativa encargado a un graduado social del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, cuya ignorancia y desconocimiento del tema queda patente a lo largo del mismo, lleno de errores y contradicciones, y en asumir también las invenciones y tergiversaciones que, a falta de pruebas o indicios racionales que demostraran nuestra implicación en el caso, la Guardia Civil Contra el Crimen Organizado de Málaga (ECO), encargada de la investigación, plasmó en sus atestados, fabricando una premisa totalmente falsa cual es la voluntad por nuestra parte de aplicar una normativa obsoleta y derogada con fines espurios, para lo cual presenta el incumplimiento de una serie de normas con el fin de crear, interesadamente con la conclusión a que quiere llegar, un escenario de ilegalidad en el cual cualquier actuación punible pueda tener su acomodo. ¿Por qué este interés de la Guardia Civil en imputarnos?. Ya nos gustaría saberlo.

Algunos dirán que al ser sobreseidos libres ya se nos ha compensado pues no teníamos nada que ver con los delitos que injustamente se nos imputaban. Pero ahora bien, ¿qué podemos hacer para que nuestros nombres desaparezcan de todas las informaciones que tratan del caso de manera propia de prensa amarillaque pululan por la red y no solo por la red?.

Hemos acudido en amparo al Consejo General del poder Judicial al que entregamos un amplio informe explicando los pormenores del asunto y esperando que al menos abriera un expediente informativo sobre el procedimiento que se había seguido en la instrucción del caso en lo que a nosotros dos se refiere. Pues no, nos contestan que el CGPJ “no puede atender aquellas reclamaciones que afecten a la función jurisdiccional de los Jueces y Magistrados, es decir la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado” y que “las discrepancias con las resoluciones judiciales pueden canalizarse a través de los recursos que prevén las leyes procesales…. procediendo a dar por concluida nuestra intervención”. Por supuesto que en el escrito en ningún momento manifestamos nuestro desacuerdocon el sobreseimiento de los delitos que nos imputaban, faltaría más, sí sobre la imputación que nos hizo el Juez sin el mas mínimo indicio racional que justificara nuestra implicación en este asunto y solicitábamos “que tomaran las medidas oportunas, en su caso, y dispusieran de los medios necesarios para evitar en el futuro el calvario que supone la imputación sin fundamento de delitos a profesionales responsables y honrados como creemos haber sido nosotros durante toda nuestra vida profesional”

Ante estas situaciones ¿a quién acudir?, cualquier ciudadano, y más aún los funcionarios con mayor o menor grado de responsabilidad, se pueden encontrar en una situación paradójica que puede provocar la inacción en cualquier procedimiento administrativo.

Felipe Gismera Bruna

Este es uno de esos casos en los que una persona por el simple hecho de tener un puesto de relevancia política se ve envuelta en una acusación sin fundamento que cuando llega al juez no tiene más causa posible que el sobreseimiento, porque ni hay causa, ni hecho delictivo, ni nada que se le parezca. Vivimos en un país en el que una y otra vez se utiliza la justicia para desacreditar al contrario y pocas veces los verdaderos culpables acaban sentados en el banquillo. En este caso concreto la Resolucion Sobreseimiento Felipe Gismera Bruna, exsubdirector general de Promoción de Empleo, es clara, “sobreseimiento libre”, nada de nada. Pero ya da igual. La noticia en su día salió publicada en varios medios: “Imputados dos exdelegados del Gobierno en Melilla” (Agencia EFE), “El auto del caso del voto por correo imputa a Chacón y Escobar, ex delegados del Gobierno” (Diario SUR)….El sobreseimiento, aparentemente no le importa a nadie, nadie quiere publicarlo ni mucho menos rectificar, que más da, ya es agua pasada, excepto para los que fueron acusados injustamente como Felipe Gismera Bruna y lo único que piden es que su nombre quede limpio.

    Share

    Comments

    One Comment on ¿Y yo a quién pido cuentas?

    1. Mark de Zabaleta on Dom, 21st Sep 2014 18:27
    2. La instrucción judicial imputa a muchas personas por ser empleadas de una empresaa/institución como medida preventiva…sin tener en cuenta de los daños colaterales!

      Por si acaso, como estaba por allí….

      Se pasan 4 pueblos en demasiadas ocasiones !

      Saludos

    Tell me what you're thinking...
    and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

    You must be logged in to post a comment.